Deja un comentario Los dos principales estados turísticos de México —Quintana Roo, donde se ubican Cancún y la Riviera Maya, y Baja California Sur, donde está Los Cabos— han coincidido con que la entrada desde hace unos meses de un nuevo equipo de Gobierno se traduzca en una subida de impuestos al Turismo, que ha vuelto a ser el elegido para corregir las incompetencias en la gestión de la clase política de ese país, así como otras irregularidades, que han dejado las cuentas regionales con abultadas deudas y déficit, como desgrana esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR.
Dentro de los nuevos golpes fiscales al turismo, que llegarán a partir del primer día de enero, está el Impuesto sobre el uso de infraestructura turística, el eufemismo con el que el gobierno de Baja California Sur nombró a la cuota de 350 pesos que deberán pagar los visitantes extranjeros, adicionales al de orientar parte del Derecho de No Residente (DNR) a infraestructura en vez de promoción.
También el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se sumó a la jugada al proponer en su paquete presupuestal dos impuestos al sector turístico, justo cuando su secretario de Planeación y Finanzas, Juan Vergara Fernández, afirmaba a la iniciativa privada que no habría más impuestos en 2017.
Quintana Roo es uno de los estados de México que cambiaron gobernador este año, en medio de una total opacidad sobre sus arcas. La entrega del paquete presupuestal justo llega cuando se investiga la compra-venta ilícita de terrenos por parte del ex mandatario Roberto Borge Angulo, quien dejó a la nueva administración con severos problemas fiscales, que de alguna forma deben ser reparados, como reveló REPORTUR.mx.
De manera discrecional y haciendo caso omiso al reclamo de los hoteleros, el Congreso del estado de Quintana Roo aprobó el paquete fiscal para el ejercicio 2017, que contempla utilizar sólo el 32 por ciento del Impuesto al Hospedaje (IH) para el fin que fue creado, la promoción turística del destino, y el resto se utilizará para obras de infraestructura y proyectos especializados.
El propio secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, reiteró la necesidad de encauzar los ingresos del IH a otros rubros que no fueran la promoción. “Voy a ser insistente en este punto y ya sé que a muchos no les gusta, pero qué mejor promoción que una zona segura y limpia. Si tienes un destino de sol y playa, no se puede tener sólo el sol, para ello se requieren recursos”, comentó.
Además, fue aprobado el gravamen que propuso el gobernador entrante Carlos Joaquín, el nuevo Impuesto sobre Juegos y Sorteos, el cual se cobrará a los jugadores de casino, incluyendo turistas y habitantes, a razón del 10 por ciento.
RECHAZO UNÁNIME. La industria turística presente en el país expresó su total desaprobación a estas medidas, y algunos de los grandes líderes del Sector, como el CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, pidió mantener la continuidad en el plano comercial, tras los cambios políticos que han puesto en riesgo la estrategia actual.
“Con nuevos gobernadores cambiando de prioridades, incrementando impuestos, cambiando a los actores y disminuyendo los fondos destinados a la promoción; mucho de lo ya avanzado se pone en riesgo”, dijo Zozaya. “Lo que debe de haber es continuidad y evolución, no reinventar la estrategia y mucho menos matar la gallina de los huevos de oro.“ enemos que actuar de forma unida y alineada, el sector privado con el sector público, tomando en cuenta que los inversionistas y los actores del turismo no estamos aquí por tres ni por seis años, sino por muchísimos más”, agregó.
Sin entrar a los detalles, seguramente se refiere al “aprovechamiento” de 350 pesos que el gobierno de Baja California Sur le quiere cargar a los viajeros extranjeros; a la salida de funcionarios que dieron resultados, como Rubén Reachi en Los Cabos; o la propuesta que ha esbozado la Secretaría de Turismo federal de orientar parte del Derecho de No Residente (DNR) a infraestructura en vez de promoción.
También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que preside Gustavo de Hoyos Walther, externó su rechazo a la aprobación y alza de impuestos que fueron aprobados en algunos estados del país, ya que afectan tanto al sector empresarial como a la ciudadanía en general, a quien se le termina pasando gran parte de la factura de los gravámenes.
De Hoyos resaltó que los paquetes fiscales aprobados afectarán al trabajador, a quienes gustan de los juegos y sorteos, y al turista nacional y extranjero. El representante empresarial, si bien ahondó principalmente en su materia que es el Impuesto Sobre Nómina, no dejó de lado los movimientos que se han hecho al Impuesto al Hospedaje (IH) y otras propuestas locales que se impulsaron.
En cuanto al IH, el Congreso de Nuevo León dio su visto bueno para subirlo de dos a tres por ciento, además de crear uno para la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos. Mientras que en Tamaulipas, donde no existía la figura de IH, ya se aprobó.
El presidente de la Coparmex declaró: “En lugar de impuestos, las entidades deben ajustar y hacer eficiente el ejercicio de su gasto corriente para estabilizar las finanzas públicas estatales y municipales, y con ello brindar certidumbre a la inversión y acrecentar la competitividad de las estructuras productivas de las diferentes regiones”. Agregó que es “indignante ver cómo se busca obtener más ingresos por parte de los contribuyentes, mientras los gobiernos no se comprometen con los planes de austeridad, ni la transparencia y rendición de cuentas”.
Sin embargo, el empresario destacó que los paquetes fiscales de estados como Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Campeche y Estado de México no tienen mayores cambios, o alguno que represente un riesgo al gremio empresarial y la ciudadanía.
Asociaciones como el CNET, la Canaero, la AMHM o la de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz también se han manifestado en contra de la decisión de imponer una contribución adicional de 350 pesos a los turistas extranjeros que visiten Baja California Sur, donde se ubica Los Cabos, según decretó el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, quien dijo que no afectaría al turismo.
El malestar hotelero en Quintana Roo con el actual nuevo Gobierno viene también de las palabras de su secretario de Finanzas en las que acusa de “defraudadores fiscales” a los hoteleros. El gremio entiende que no son formas de tratarles y que si hay casos en los que se haya dado evasión, no pueden cargar todo el colectivo con un estigma inmerecido.
