Deja un comentario El liquidador de las empresas del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, pactó con Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual mantener como gerente en la sociedad Trapsatur a Antonio Pedraz “hasta su jubilación”. Según De Cabo, “había que permitirle seguir llevándose, aparte de su sueldo, el 30% de los beneficios anuales, unos dos millones de euros en negro”. De esta cantidad, “un millón era para Díaz Ferrán”.
De la caja de Trapsatur salieron 10 millones de euros, de los cuales 600.000 se aplicaron al pago de cuotas atrasadas de un piso de Díaz Ferrán en la calle de Serrano de Madrid, y también se pagaron cuotas de un Ferrari, propiedad de una sociedad del antiguo patrón de patrones. De Cabo sostiene que el yate Lequar, una nave de 31 metros de eslora, “sigue siendo de Díaz Ferrán después de una operación ficticia de transmisión a una empresa de Gibraltar”.
Así lo relató el propio Ángel de Cabo el pasado 27 de noviembre a la policía en una declaración de tres horas prestada en la cárcel, prestada en presencia de su abogado. El liquidador de Marsans detalló las tretas para vaciar los activos del grupo turístico y para poner a salvo de los acreedores el patrimonio de sus dos propietarios, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
La confesión, consignada en un documento de 20 páginas al que tuvo acceso EL PAÍS, supone un empujón para el caso Crucero, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
De Cabo contó a los policías que “Díaz Ferrán tiene dinero en Hong Kong” y que en el futuro, “tan pronto como sea puesto en libertad”, podrá aportar la copia de un burofax que, según él, prueba este hecho. El liquidador detalló las maniobras para lograr que los inmuebles de Díaz Ferrán permanecieran bajo el control de este y de sus familiares.
De Cabo medió en la venta de cuatro locales en la calle de Velázquez de Madrid, dos chalés en Calvià (Mallorca) y una casa con parcela en Ciutadella (Menorca), de modo que acabaron vendiéndose a una empresa del hermano de Díaz Ferrán. Un segundo chalé en Ciutadella terminó en manos de la hija de Díaz Ferrán después de que la sociedad patrimonial Grudisán le transmitiera la totalidad de las acciones de la empresa Imorilla y se forzara un concurso de acreedores con facturas falsas, según De Cabo.
