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La posibilidad de que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pueda poner en marcha una aerolínea con el nombre de “Mexicana” que estaría en manos de la Secretaría de la Defensa, se ha complicado en los últimos días. (AMLO confirma que Mexicana comienza a volar y descarta abrir el cabotaje a las aerolíneas extranjeras)
El desembolso de 816 millones de pesos por parte del gobierno federal para comprarle a los extrabajadores de la extinta aerolínea la marca y un paquete de activos, aún no se ha podido concretar debido a una demanda de amparo que se ha reactivado por parte de un grupo de 200 ex sobrecargos que ahora exigen el pago de unos 400 millones de pesos de adeudos tras la quiebra de la aerolínea.
El secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (Aspa), capitán José Alonso Torres, explicó que, aunque el gobierno y los principales sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra afectados por esta quiebra ya han llegado a un acuerdo para la compra del nombre de la aerolínea y de una serie de inmuebles, incluyendo un centro de mantenimiento, equipo de simulación y dos inmuebles en Ciudad de México y Guadalajara, el proceso está atascado por la demanda de este colectivo disidente.
Agregó Torres que, tras darse a conocer la noticia de que el Gobierno de López Obrador va a adquirir los activos, los abogados de este grupo de extrabajadores reactivó su lucha legal para hacer efectivo un laudo que obtuvieron a su favor años atrás.
Los 200 ex trabajadores de la aerolínea caída en desgracia exigen que de los 816 millones de pesos que desembolsará el gobierno federal, a ellos se les pague 400 millones por los adeudos que no cubrió la compañía desde que se declaró en concurso mercantil.
Aunque el líder sindical no teme que el proceso de compra del gobierno federal se derrumbe por este obstáculo legal, sí reconoce que habrá una demora de al menos dos meses en la transacción. “¿Cuál es el peor escenario? Que un juez determine que a este grupo de trabajadores disidentes también se les tiene que meter en la repartición del dinero y puede suceder que aun así ellos insistan en que se les deben 400 millones de pesos, pero supongo que ahí entrará la Secretaría del Trabajo para negociar y hacerles ver que no es posible. No tienen razón en querer todo ese dinero”, comenta Torres.
Cabe recordar que desde el año 2010, cuando la aerolínea mexicana se declaró en concurso mercantil, los más de 8 mil afectados han esperado pacientemente que fuesen cubiertos los salarios caídos, finiquitos y liquidaciones que dejó en vilo la compañía. Con el reciente interés del presidente López Obrador por hacerse del nombre ‘Mexicana’ para su propio proyecto aeronáutico, los afectados accedieron a vender lo poco que quedaba de la compañía para poder así recibir algún tipo de compensación económica.
