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Socios conductores de la plataforma de transporte Uber presentaron ante el congreso de Quintana Roo una solicitud de juicio político en contra de tres funcionarios del gobierno estatal, acusándolos de ser responsables de que, tras el amparo federal otorgado a la plataforma, no cesaran las agresiones en su contra.
Carlos Calzado, uno de los socios conductores de esta plataforma digital, señaló que la petición de juicio político es contra Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo; Cristina Torres Gómez y Erika Castillo Acosta, secretaria y directora del gobierno estatal, respectivamente.
De acuerdo con Calzado y los socios de Uber, en los tres funcionarios hubo parcialidad a favor de los taxistas y fomento a las agresiones al declarar que Uber no podía operar tras obtener un amparo federal, lo que derivó en más ataques y amenazas por parte de los taxistas, pero además, en el caso de Rodrigo Alcázar y Erika Castillo, se suma conflicto de intereses.
“El mayor agravio para el interés público es la íntima relación de los servidores públicos con los sindicatos de taxistas, en especial con el de Cancún y el de Solidaridad”. Aseguraron que el mayor ejemplo del conflicto de interés es Erika Castillo Acosta, hija de Erick Castillo, ex líder del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún, quien además de ostentar la titularidad de la recién creada Dirección de Gobierno, también presidió la comisión de movilidad del congreso del estado.
Acusan a Rodrigo Alcázar de incumplir los artículos 25 y 122 de la Ley de Movilidad de la entidad,
relativos a las facultades del titular del Instituto de Movilidad y las causas de rescisión de concesiones, respectivamente, al no retirar la concesión a los taxistas que han participado en las amenazas y agresiones en contra de los choferes de Uber. Así mismo, señalaron que el actual responsable de vigilar al transporte estatal, nombró como delegado de dicho Instituto a Manuel Puerto Castillo, socio del sindicato de taxistas y familiar de Erika Castillo.
En el caso de la secretaria de gobierno, Torres Gómez, la acusaron de actuar en desacato al fallo del tribunal que le concedió a Uber el amparo para poder operar, al declarar que su operación es “ilegal o irregular en el estado”.
El documento, entregado en las oficinas del poder legislativo en Cancún y dirigido al diputado Hugo Alday Nieto, quien preside la comisión de justicia del congreso estatal, fue acompañado de notas periodísticas, así como los audios de la conversación de Alcázar Urrutia con los sindicatos, entre otras pruebas (Taxistas violentos: avanza en Cancún la investigación al suspender concesiones)
