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Con la construcción del puente que comunica Cartagena y la Isla de Barú, el turismo se ha incrementado notoriamente, y aunque parece contradictorio, este crecimiento le está haciendo más daño que bien a la isla, en especial al sector de Playa Blanca.
De acuerdo a las cifras del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, en los últimos tres años las visitas se han duplicado, tomando como muestra el mes de junio. En 2014 llegaron 28.764 personas, en 2015 la cifra se incrementó a 45.621 personas y en 2016 bajó a 44.422 visitantes. En un solo día en 2015 la zona recibió 13.290 visitantes, todos ingresando por vía terrestre. “Se ha evidenciado el incremento de turismo desmedido en este punto, lo que nos preocupa porque se está generando un impacto ambiental”, dijo a El Universal, Stephanie Pauwels Romero, jefe del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.
La entidad pide que se haga un turismo responsable pues el anterior fin de semana fue calificado como decepcionante por falta de cultura ciudadana. Pero al parecer este problema se ha acentuado con las 20 familias que se han organizado para que el Estado les consulte casos como nuevas construcciones hoteleras. Sin embargo, las autoridades consideran que varias veces este consejo comunitario entorpece las acciones legales. “Hemos hecho controles a nuevas construcciones y llegamos a desmontar y a decomisar los materiales de construcción. Sin embargo, siempre nos vemos en choque con el Consejo Comunitario, porque ellos sienten que con esta garantía constitucional tienen cierto reconocimiento sobre este terreno”, dijo al El Espectador Fernando Niño, secretario del Interior.
Como lo informó REPORTUR.co en su momento, no se llegó a ningún acuerdo con la apelación que hicieron ante la Corte Constitucional el Gobierno Nacional y la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S, dueños del mega proyecto hotelero en la isla de Barú. La apelación se hizo por medio de un recurso de nulidad que iría en contra de la sentencia, donde se le otorgan derechos como comunidad afrodescendiente a terceros, es decir a comerciantes extranjeros. Se designó a Mauricio Plazas como conjuez para dar término al fallo si se revoca o no la sentencia, pues la Sala Plena alcanzó una votación de 4-4, lo que no determinó el fallo. La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, dijo en su momento que la preocupación principal es que se proteja a comunidades que se autodenominan ancestrales.
“Este fallo marca un grave precedente para todas las playas de Colombia y es que un grupo de comerciantes que tiene derecho al trabajo, pero que no se quiere someter a las reglas, simplemente se autoproclaman como comunidades étnicas para adquirir una serie de derechos que por otra vía no tendrían”, dijo en su momento Guillén (Mega proyecto hotelero de Barú en incertidumbre por fallo de la Corte).
