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El asesor de Donald Trump, John Bolton, anunció este mes que se limitarán las remesas que pueden enviarse a Cuba desde Estados Unidos a “mil dólares por persona por trimestre” y el Departamento de Estado confirmó que está estudiando eliminar algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar legalmente a la isla.
Además, a partir de este jueves Washington permitirá las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba tras el triunfo de Fidel Castro en 1959, lo que endurece aún más el embargo y amenaza con disuadir la inversión extranjera.
La decisión de Washington de levantar la suspensión de la ley Helms-Burton se traducirá en una avalancha de demandas ante los tribunales americanos para recuperar los inmuebles y solares expropiados. Esta situación, propiciada por una decisión personal del presidente Donald Trump, es seguida por cadenas como Meliá, Iberostar, Barceló, Be Live, Blau, Valentín y Roc.
De multiplicarse las demanda en tribunales estadounidenses, según fuentes jurídicas, se podría generar una espiral de litigios internacionales que perjudicaría a las empresas demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activo en Estados Unidos (Trump afecta en Cuba a cruceros y touroperadores por el embargo).
La ley Helms-Burton, que EE UU prevé reactivar permitiendo a sus tribunales aceptar las demandas de los dueños de propiedades confiscadas en Cuba, tiene como objetivo, según los expertos, aislar a Cuba y generar un clima de miedo e incertidumbre que desincentive futuras inversiones (Trump exonera a los hoteleros en Cuba de demandas por expropiar).
La veda se abre el 2 de mayo, cuando los tribunales federales de Estados Unidos empiecen a recibir reclamaciones de ciudadanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas después de 1959, en una medida que llega acompañada de medidas para restringir los viajes, el envío de remesas y el incremento de la presión sobre el sistema financiero internacional.
José María Viñals, abogado especialista en sanciones, señala a El País que “pueden ser afectados todos aquellos que se beneficien o realicen operaciones comerciales que impliquen propiedades objeto de reclamación, no solo bienes inmuebles, tierras, edificios, hoteles, etc., sino también patentes y marcas, por lo que el espectro de posibles demandados es casi infinito”.
Explica Viñals que, en el caso de los hoteles, por ejemplo, la ley Helms-Burton “no sólo afecta a grupos como Meliá, Iberostar o Accor —aunque la propiedad de los establecimientos sea cubana—, sino también a los touroperadores, agencias de viaje o los que venden a estos hoteles jabón, toallas o lámparas” (Trump vuelve a amenazar a las inversiones hoteleras en Cuba).
“Lamentamos la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio de levantamiento de la suspensión”, ha dicho en un comunicado Meliá, que administra 32 hoteles y más 14.000 habitaciones en la isla, expresando que Cuba es “un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional” y señaló que continuará “operando con plena normalidad”.
La cadena explicó que no tiene en propiedad “bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación”, y afirmó que, “de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas, etcétera”.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, señaló que la UE ha sido tajante a la hora de criticar la aplicación de la Ley Helms-Burton y las nuevas sanciones de Washington, por atentar “no solo contra las empresas extranjeras, que tienen leyes antídoto y mecanismos para defenderse, sino sobre todo contra el pueblo cubano y el incipiente sector privado, para el que la restricción de los viajes y las remesas son fatales”.
La luz verde de Donald Trump a la Ley Helms-Burton llega en momentos en que Estados Unidos arrecia su presión sobre Cuba, pues en abril pasado se anunciaron medidas para restringir las remesas y los viajes a la isla, algo que puede afectar a las compañías de cruceros estadounidenses (Los españoles gestionan el 71% de las habitaciones de hotel en Cuba).
Una familia cubana residente en Estados Unidos cuya hacienda azucarera fue expropiada por el régimen cubano en 1960 prepara demandas contra las dos hoteleras españolas ante la justicia norteamericana por tráfico ilícito con propiedades confiscadas.
Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclamarán a hoteleras españolas una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, en la parte sur de la isla, en edificios que son propiedad del Grupo Gaviota.
