Deja un comentario Apenas la semana pasada, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Transparencia y dio el primer paso a la ley anticorrupción, y sin duda son leyes que deberán permear en el mundo del turismo, sobre todo para transparentar un gasto que se hace casi siempre a discreción y con un presupuesto cada vez más grande.
Tan solo la campaña “Vívelo para creerlo” gastó casi 300 millones de pesos (cerca de 20mdd), y a la fecha, a pesar de la petición expresa de algunas partes, no se han hecho públicos los contratos, de esta forma se vulnera el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La mencionada ley (LFTAIPG) menciona la obligación de transparentar, poner a disposición de los ciudadanos y actualizar la información sobre el presupuesto asignado, así como los contratos realizados para servicios.
Sin duda, el tema no es menor, y además debe permear a los estados, particularmente en los que el turismo tiene altos presupuestos asignados para su promoción. Por ejemplo, Quintana Roo, que cobra 3% de impuesto al hospedaje, recauda más de 3 millones de dólares al año y está etiquetado para promoción turística.
En el pasado, la gestión del dinero y su destino era por consenso en los comités de los fideicomisos, en donde participaba la iniciativa privada. La ley cambio hace ya casi un año y medio y los comités perdieron el poder que tenían para decidir en consenso, dando al gobernador la posibilidad de decidir el gasto a discreción, sin que a la fecha se compruebe en qué, cómo y cuándo se ha utilizado.
Tanto el gobierno federal como el de Quintana Roo, en estos casos particulares, se escudan en que las estrategias han funcionado, pues México regresó al top 10 y Quintana Roo tuvo su mejor año en la historia. Pero lo que no se puede entender, es porque si no hay nada que ocultar, no se hace público y asunto arreglado.
